El Gobierno Vasco ha decidido que este viernes 29 de diciembre sea el último ingreso de la RGI a final de mes. En este contexto la próxima retribución será el 10 de febrero. La intención de Lanbide es realizar los ingresos de la RGI y las ayudas al alquiler el día 10 de cada mes.
Esta decisión, que no ha sido comunicada de forma explícita a las actuales unidades de convivencia perceptoras de la RGI -y de la “Prestación Complementaria de Vivienda”- conllevará dejar sin ingresos durante mes y medio a 55.000 familias vascas.
Cabe destacar que Lanbide no tiene en cuenta que los pagos de alquileres de viviendas o habitaciones se realizan en los 5 primeros días de mes.
Dejar sin prestaciones sociales a 55.000 familias durante mes y medio por ajustes internos de Lanbide muestra su talante y apuesta por recortar los derechos de las familias vascas empobrecidas y precarizadas.
Este nuevo recorte a los derechos sociales por parte del Gobierno Vasco conlleva que las familias usuarias de los servicios sociales no puedan atender de forma inmediata sus situaciones más graves de precariedad, pobreza y acceso a una vivienda digna.
Además si se comparte domicilio con otras personas que no forman parte de la unidad de convivencia, se aplicará un Índice Corrector del 15% a la baja sobre la RGI que corresponda.
No solo recortes también criminalización
Además de los recortes no se detiene la criminalización de las personas empobrecidas en una evidente apuesta del Gobierno Vasco de criminalizar la pobreza incorporando 15 personas a la Unidad de Control de Lanbide además el pasado 10 de octubre se renovó el convenio de colaboración con la Ertzaintza, lo que implica que «sin orden judicial ni amparo legal», Lanbide y la Ertzaintza pueden «irrumpir en miles de hogares con ánimo de fiscalizar enseres, armarios, neveras o cuartos de baño». Una práctica mediante la que se está señalando a miles de hogares empobrecidos como «proclives al fraude» cuando los datos reales del propio Gobierno Vasco indican que el «fraude» no llega ni al 0’5%.
Desde Erletxea junto con la Plataforma Berri Otxoak de Barakaldo exigimos una política social y presupuestaria consecuente con la actual situación de crisis económica y socio-sanitaria, así como detener de forma inmediata los recortes y la criminalización. Además apostamos por la implantación de la primera fase de la Renta Básica de las iguales.
