Desde que a mediados del pasado mes de enero Erletxea abriera la oficina de información sobre ayudas sociales, han sido muchas las personas que se han acercado a informarse hasta el número 5 de la calle Mayor. Si bien la tónica general ha sido la diversidad en los casos y las situaciones, se pueden extraer algunas conclusiones comunes de las que la mayoría, tenemos que decir, han sido negativas. Tales como la falta de información y sobretodo la constatación de los excesivos requisitos que hacen que la mayoría de las personas no puedan acceder a ninguna de las ayudas a pesar de sus situaciones personales.
En datos
En total durante estos meses se han efectuado 46 consultas. De las que 25 han correspondido a mujeres con un porcentaje del 54,35% y 21 a hombres con un porcentaje del 45,65% del total. Dentro de las edades señalar que la franja mayoritaria es la comprendida entre las personas mayores de 40 años y las mayores de 65 con un 43,48% seguidas de las mayores de 30 años con un porcentaje del 28,26%. Como era de suponer el mayor porcentaje respecto a la actividad laboral ha sido la de las personas en desempleo con un porcentaje del 52,17% seguido de las personas con empleo con un 21,74%. En cuanto a las personas que componen la Unidad de Convivencia el mayor porcentaje es el individual con el 41,30%, con un total de 19 consultas, seguido por las Unidades de Convivencia compuestas por tres personas con un 32,61% y por la dos personas con un 15,22%.
Además de las consultas en la oficina también hemos atendido 4 consultas vía correo electrónico. La mayoría de las consultas en la oficina se han realizado en primera visita pero en ocasiones las personas han vuelto a la oficina a confirmar si la información que le habían facilitado era correcta. En este tiempo hemos constatado una importante falta de información o una información sesgada o incorrecta. Esto ha sido lo que nos han trasladado las personas que se han acercado a la oficina. En alguna ocasión se nos a trasladado igualmente el malestar con el trato recibido tanto en bienestar social como en las oficinas de Lanbide.
Impresiones generales
Por lo general la sensación ante las ayudas sociales y sus requisitos es la incomprensión de que en este momento, y cada vez más, debido a la precariedad laboral y el desempleo, sea más difícil acceder a estas ayudas. Dos cosas que resultan difíciles de comprender para las personas que han pasado por la oficina: todo lo relacionado con el empadronamiento y las cuantías topes en los ingresos. El tema del empadronamiento y más en particular la constitución de una Unidad de Convivencia deja a muchas personas fuera del acceso a las ayudas. En estos momentos son muchas las personas, con una edad, que se ven obligadas a volver al hogar paterno-materno teniendo que retomar la convivencia con la familia. Esto implica que se valorará a todas las personas que formen parte de esa unidad de convivencia y sus ingresos, con lo que a poco que alguna persona, o la suma de varias personas de esa unidad disponga de ingresos esta persona queda a expensas de la familia, perdiendo totalmente su autonomía personal. Caso especial es, por ejemplo, el de las familias monoparentales, matrimonios y parejas afectadas por los desahucios, la crisis económica y que son acogidas por sus familiares, a las que se les retira la RGI después de percibirla durante un período de dos años. Algo que igualmente es aplicable a las mujeres víctimas de violencia de género. Como hemos podido constatar en la oficina. Esta cuantía o mejor dicho el hecho que únicamente se contabilice los ingresos de una persona, y más si es de una familia, y no importe para nada los gastos a la hora de solicitar las ayudas, hace que se viva esto con una gran incomprensión y una injusticia. Lo que se percibe y se vivencia en primera persona es que una vez restado los gastos, que por otra parte son para cubrir necesidades básicas, lo que queda es una cuantía que a duras penas te permite una vida digna en una sociedad como en la que vivimos. Así, si bien, una familia media (pareja y uno o dos hijos/as) por ejemplo, dispone de no mucho más de mil euros mensuales de ingresos no tiene derecho a una RGI pero la realidad es que después de pagar gastos como la luz, el agua, vivienda, etc., lo que resta puede no ser suficiente para la completar todas las demás necesidades, más si cabe cuando hay menores por medio. Estas situaciones obligan a priorizar los gastos y es aquí cuando se puede producir que al final no se disponga para el pago de los gastos de vivienda, como el alquiler o hipoteca, situándose en riesgo de desahucio, o no se disponga para el pago de la luz, agua o basura, viéndose abocada a la denominada pobreza energética. Que decir del caso antes expuesto donde los ingresos son de los y las familiares (padre-madre, abuelo-abuela, etc.) y donde la persona no puede solicitar la ayuda aún no teniendo ingreso alguno. El hecho de poseer un salario en un "minijob" se va a convertir en otro requisito insalvable ya que al cabo de tres años se quita la RGI a las personas que tienen empleos precarios con salarios bajos. De este modo ya no se podrá cobrar la Prestación de Complemento a las Rentas del Trabajo como hasta ahora. Así, como denuncian los colectivos sociales de Bizkaia, el 40% de las 64.000 unidades de convivencia que actualmente son perceptoras de las prestaciones de Lanbide se verán expulsadas del actual sistema de cobertura social al aplicarse estas dos medidas. Hay que recordar que desde hace unos años se mantiene el 7% de recorte en la cuantía en el Renta de Garantía de Ingresos que estipula la ley y que esta RGI está por debajo del Salario Mínimo Interprofesional que a su vez está por debajo del marcador del Umbral de Pobreza.
Debemos entender que las prestaciones económicas no tienen que ser entendidas como ayudas sociales, sino que son un derecho ciudadano y universal, que tiene que estar protegido y garantizado por las administraciones. Algo que parece no estar realizándose en estos momentos.
Malos Indicadores
Como ya hemos dicho esto se está produciendo en un momento de altas tasas de desempleo, el 18,4% en el mes de marzo, y de falta de recursos en una importante parte de la población. Así, los indicadores no son nada halagüeños, comenzando por el del desempleo. Ya hemos podido leer en prensa que el Ayuntamiento "autoriza un gasto de 557.500 euros para ayudas de emergencia social" dado que en cuatro meses hay ya un numero de expedientes que hacen prever que en esta progresión se supere el dinero de años anteriores. Según la memoria de Bienestar social el año pasado fueron 526 solicitudes las atendidas, resolviéndose positivamente 448, habiéndose producido un importante aumento respecto al año anterior. Igual de importante ha sido el aumento de las familias que se beneficiaros de las Ayudas especiales concedidas por el Ayuntamiento que han pasado de 27 el año anterior a 101 el año pasado. La vivienda sigue siendo quien se lleva la mayor parte de estas ayudas, bien sea en el alquiler o en su mantenimiento
Otro ejemplo es el aumento de personas que se acercan al comedor social y al Punto de Encuentro Social, habiéndose superado ya las plazas máximas en estos primeros meses de año, a pesar que el año pasado se pasó de 30 a 60 plazas. Algo previsible si tenemos en cuenta que el año pasado, también según datos del propio Ayuntamiento, se atendieron a 154 personas, un 51 % más que el año anterior y se proporcionó un 79 % más de menús que el año anterior. Un porcentaje de un punto menor, 78 %, fue el de personas que atendió el Punto de Encuentro Social. En todos estos casos el aumento no es dato positivo. Se convierten en claros indicadores de una grave situación que ya siendo de por sí mala, su tendencia indica un fuerte empeoramiento en las situaciones personales de falta de recursos económicos y sociales de la población.
A modo de conclusión
Durante estos meses hemos podido constatar que cada día son más las personas que no pueden o les cuesta más cubrir sus necesidades básicas, que ante esta situación resulta chocante que el acceso a las ayudas sociales resulte en ocasiones inalcanzable y que la información que se debería dar es o nula o incompleta creándose una sensación y constatación de clara injusticia social en las personas que por diversas circunstancias han tenido que acercarse a los servicios de base o a las oficinas de Lanbide y conocer de primera mano su funcionamiento. Hemos podido constatar que tanto mujeres como personas mayores se encuentran en una situación de grave riesgo y que los requisitos actuales son insalvables para amplios sectores de la población, entre ellos estos dos. Igualmente hemos constatado la preocupación por los y las menores por parte de las personas con estos y estas menores a su cargo y la falta de ayudas que hay para su crianza y educación.
Los meses y la experiencia que nos ha supuesto el trato con las personas que se han acercado a la oficina nos han aportado gran cantidad de información, si bien hemos de ser conscientes de que no hemos hecho sino rascar una superficie mínima de la realidad social de Irun. Por el momento nuestra apuesta es clara y seguiremos informando y recabando información todos los lunes en la calle Mayor.
