El acceso a la vivienda continúa siendo uno de los mayores problemas a los que se enfrentan las personas en una gran mayoría y las personas precarizadas y empobrecidas en particular. Entre tanto, se dificulta el acceso a la vivienda a las familias precarizadas y empobrecidas con el nuevo Decreto de la Ley de Vivienda y más de la mitad de la población vive en zonas de mercado residencial tensionado. Ambas situaciones no son ajenas para las familias de nuestra comarca.
Vendida como todas las leyes salidas desde el Parlamento de Gasteiz, a bombo y platillo, la nueva Ley de de Vivienda votada por los partidos del Gobierno “no progresista” de Lakua y la igualmente “no progresista” oposición acaba de con un Decreto que contempla un importante recorte en el acceso a las prestaciones destinadas a pagar el alquiler. Con dicho Decreto desaparece la Prestación Complementaria de Vivienda de Lanbide y las Ayudas de Emergencia de los servicios sociales para instaurar una única ayuda para el alquiler: la Prestación Económica de Vivienda.
De este modo el Gobierno Vasco de PNV y PSE ha decidido endurecer los requisitos de acceso al exigir “tres años de inscripción en el Servicio Vasco de Vivienda-Etxebide para conceder la Prestación Económica de Vivienda” cuando, para el acceso a las dos prestaciones que desaparecerán a partir del 2 de abril, “no se exigía ningún tipo de antigüedad” endureciendo los requisitos de acceso a las ayudas para el pago de alquileres de viviendas o habitaciones, según denuncia la plataforma contra la exclusión Berri-Otxoak de Barakaldo.
Según esta plataforma contra la exclusión “exigir tres años de inscripción en el Servicio Vasco de Vivienda-Etxebide va a suponer que cientos de familias que perciben la Prestación Complementaria de Vivienda de Lanbide o las Ayudas de Emergencia desde los Servicios Sociales Municipales dejen de tener acceso a estas ayudas para el pago de sus pisos en alquiler o habitaciones” y continúa “a la par que las nuevas familias solicitantes tendrán que esperar tres años para acceder a la Prestación Económica de Vivienda”.
No pueden ser más claras desde Berri Otxoak “el Gobierno Vasco recorta las insignificantes ayudas, de no más de 300 euros, para hacer frente a alquileres abusivos y con subidas sin freno”. Desde esta plataforma indican que como mínimo “35.000 familias son las que se verán afectadas por la aplicación este 2 de abril del Decreto que ampara los recortes en el acceso a la Prestación Económica de Vivienda.” Evidentemente entre estas 35 mil familias se van a encontrar muchas familias de nuestra comarca.
Se evidencia que “se está vulnerando el acceso a una vivienda digna al no ofrecerse una alternativa habitacional a las familias que sufren un desahucio, al desalojar a familias residentes en viviendas de alquiler social o con la falta de unos recursos económicos suficientes para garantizar este derecho”.
“El PNV y el PSE pretenden empobrecer aún más a quienes menos tienen cargando sobre las redes familiares las situaciones de escasez que azotan a la ciudadanía; el parque público de viviendas se demuestra insuficiente, no hay voluntad política para regular los arrendamientos privados y la prestación para el alquiler excluye a gran parte de solicitantes que deberían tener prioridad. ¿Qué opciones tienen las personas y familias perceptoras inquilinas de un piso o habitación para vivir de manera independiente? La respuesta es, ninguna” ha sentenciado la plataforma contra la exclusión.
Alquileres desorbitados y un mercado insaciable
El 55% de la población de la CAV vive en zonas de mercado residencial tensionado según un diagnóstico realizado por el Observatorio de la Vivienda que “identifica 41 municipios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa –de un total de 251– con distritos susceptibles de ser declarados zonas residenciales tensionadas” entre ellos 20 localidades pertenecen a Gipuzkoa e Irun es por méritos propios una de estas localidades. Según el mapa de zonas de mercado residencial tensionado, elaborado por el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes 41 de los 251 municipios de la CAV son “susceptibles de ser declarados como tal con el objetivo de contener los precios de los alquileres”.
La pregunta es ¿el equipo de Gobierno municipal con la nueva alcaldesa tendrá entre su agenda la petición de zona tensionada y así acogerse a las posibles ventajas que esto acarrearía?. Como prórrogas a personas arrendatarias, limitación de alquileres permitiendo que el precio no pueda exceder un límite máximo, etc...
Y ¿qué va a pasar con todas las familias que cobran actualmente la Prestación de Vivienda de Lanbide o las Ayudas de Emergencia Social y que con el nuevo Decreto dejen de cobrarlas? ¿Su única alternativa va a ser engrosar el ya de por si altísimo número de personas en calle?
Preguntas que no solo deben ir dirigidas al equipo de gobierno sino igualmente a la oposición. Pues todas tenemos nuestras responsabilidades en estas situaciones de injusticia social y todas tenemos en nuestra mano trabajar duro para cambiarlas.